El negocio de la Fibra Óptica y el golpe al SME

(La ambición sin límites)

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro tiene consecuencias muy graves para el futuro del país. Representa el inicio de una ofensiva de la derecha en el poder contra las conquistas sociales del pueblo mexicano; es, además, un paso más en la privatización de la industria eléctrica nacional; es un golpe contra el sindicalismo democrático, uno de cuyos baluartes ha sido el SME; y, sobre todo, le permite al gobierno entregar el gran negocio de la fibra óptica a sus socios.

Detrás de la extinción LyFC está el “capitalismo de amigos” que tanto practica el panismo en el gobierno. Es decir, hacer negocios al amparo del poder político.

El verdadero problema del gobierno de Felipe Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas no era el tema de la democracia sindical como alegó durante semanas el secretario del Trabajo, Javier Lozano Gracia, al negar la “toma de nota” a la dirigencia del SME. Tampoco la ineficiencia de LyFC, el mal servicio, las elevadas tarifas eléctricas, el alto costo de la empresa, males de los que Calderón culpa, sin razón, a los trabajadores sindicalizados. Detrás del golpe al SME están intereses corporativos, económicos y políticos que ambicionan el control de las redes de fibra óptica de LyFC en el Valle de México, el mercado más importante del país (por el número de habitantes y por el nivel de ingresos). Buscan administrar el negocio del triple play: la transmisión de datos, audio y video (televisión, teléfono e internet), y en el futuro también los servicios móviles.

La fibra óptica y las telecomunicaciones son un sector fundamental para el desarrollo de México. Además, se trata de un negocio que, se calcula, en todo el país puede alcanzar ingresos por 6 mil millones de dólares anuales. Visto así, el manejo de la fibra óptica tiene una importancia estratégica en comunicaciones, en lo económico y en lo político. De ese tamaño y de esa dimensión es la disputa por este bien público.

En la lucha por obtener el manejo de este negociazo están la poderosa trasnacional española Telefónica –encabezada por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de Fox- y Cablevisión –propiedad de Televisa y con un mercado dominante en el Distrito Federal-; y del otro lado, está Telmex, el gigante telefónico al que la SCT no le ha dado aún el cambio de título de concesión para que pueda competir en el triple play contra Televisa y Telefónica y otras empresas intermediarias.

La Compañía LyFC, en extinción, tiene una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud, que tardaron diez años en instalar los trabajadores electricistas. El SME y el director de la CLyFC, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 30 de junio de 2009, una petición para obtener un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play.

Desde 1999 el ex secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, otorgó una concesión a la compañía WL Comunicaciones para operar servicios de este tipo en LyFC. Esta empresa es dirigida por dos panistas: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens ex secretarios de Energía de Vicente Fox (el otro fue Felipe Calderón). Esta empresa impugnó la solicitud del SME y de LyFC para manejar la fibra óptica. Curiosamente, el despacho de abogados que ha llevado el caso es el de Diego Fernández de Cevallos, jefe político del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

La figura de Fernández de Cevallos vuelve a aparecer, como en todas y cada una de las más polémicas decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Felipe Calderón. Por eso no extraña que su aliado, ex socio y actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparezca en conferencias de prensa y en entrevistas con Televisa argumentando más como un integrante del Consejo de Administración de una gran empresa por venir y no como el responsable de la política interior y de la gobernabilidad del país.

A esta mezcla de intereses entre políticos panistas y empresas, se suma el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien a fines de los noventa jugó un papel central en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones cuando era presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Así que no es la eficacia del servicio de energía eléctrica ni su posible colapso lo que llevó al gobierno a decretar la liquidación de LyFC, detrás está la ambición empresarial y de los panistas por apoderarse los negocios por venir de un sector que no ha dejado de crecer a pesar de la crisis financiera y económica.

En el conflicto con el SME podemos ver a Francisco Gil Díaz y la alianza de Televisa y la española Telefónica, ya que Calderón ha intervenido para limitar la expansión de Telmex al no ampliarle el título de concesión a los servicios para transmitir televisión, internet y teléfono a través de la red de fibra óptica.

En el proyecto de presupuesto de ingresos de 2010, Calderón presentó como un hecho la licitación de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (único punto que ha objetado del presupuesto el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, cuestión de negocios, por supuesto). La licitación de dos hilos (de diez ) de la fibra óptica, fue anunciada por Calderón el 18 de mayo pasado (21 mil 400 kilómetros).

La industria de telecomunicaciones es una de las más importantes en el futuro de las naciones, por tanto es un sector estratégico del país, por lo que, antes de licitar estas redes de LyFC y de la CFE que son bienes públicos, debiera convocarse a un debate nacional acerca de las políticas de telecomunicaciones del Estado y establecer criterios para valorar si en este asunto, actúan correctamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cofetel y la CFE, ya que pretenden dejar la fibra óptica bajo el control de las empresas privadas. El Estado debe utilizar la red pública para brindar servicios a bajo costo para los sectores más desprotegidos, para la educación, la salud, la cultura, el transporte. En el caso de las redes privadas, el Estado debe garantizar las inversiones y la competencia, así como regular su uso para evitar abusos protegiendo los derechos de los consumidores.

La licitación consumada de la fibra óptica de LyFC debe cancelarse y la anunciada de CFE debe detenerse, porque se trata de bienes públicos que deben servir al desarrollo nacional. Se ha invertido mucho en la construcción de estas redes, tan sólo CFE ha invertido 300 millones de dóalres en los últimos años para construir 30 mil kilómetros de redes (las quieren licitar en dos mil millones de dólares, cuando las ganancias de un sólo año triplicarán esa cifra). De hecho, funcionarios de CFE se habían negado a abrir su red a privados, alegando razones de seguridad nacional. Pero su director Alfredo Elías Ayub ha insistido en la licitación de la red y su comercialización. Se da casi por seguro que será Telefónica de España la empresa que gane la licitación. Elías Ayub pretende convertir en negocio este bien público, como hizo con la española Repsol en la compra de gas a Perú para CFE, operación que le dará ganancias por 20 mil millones de dólares, a costa del erario público.

Por eso no debemos permitir que las redes públicas de fibra óptica pública sean entregadas mediante permisos y licitaciones a modo a los amigos y socios extranjeros como Movistar Telefónica de España, con lo que se estarían subsidiando y creando nuevos monopolios privados.

México es el país más atrasado en el desarrollo de tecnologías de las telecomunicaciones. Las redes actuales son insuficientes y entregarlas al mercado o al favoritismo, con subsidios incluidos, podría llevar a la suspensión de inversiones privadas en la creación de nuevas redes, en la ampliación de los servicios, condenando al país al subdesarrollo en este sector estratégico.